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    La doctrina de la impunidad

    La doctrina de la impunidad
    Viernes 12 de Marzo de 2010 16:37 Rafael Rojas, México DF

    Si admitimos que no es ético alentar a alguien a realizar una huelga de
    hambre, porque implica la inducción a una muerte, deberíamos admitir
    también que quien arriesga pacíficamente su vida por una demanda
    concreta está utilizando un recurso persuasivo, no punitivo. La
    interpretación del ayuno como "chantaje" o "imposición" sólo es
    concebible en regímenes no democráticos, que desconocen el protocolo de
    la negociación con opositores.

    Es el caso del cubano. El 23 de febrero Orlando Tamayo
    murió tras una huelga de hambre de 86 días en la cárcel. A la mañana
    siguiente, otro opositor cubano, Guillermo Fariñas, inició un nuevo
    ayuno que, en dieciséis días, le provocó dos colapsos y dos
    hospitalizaciones en la clínica provincial de Santa Clara. Al momento de
    escribir este artículo, es imposible predecir el desenlace de la huelga
    de Fariñas, pero sí podemos evaluar el comportamiento del gobierno
    cubano ante ambas acciones políticas.

    Dos artículos aparecidos en Granma, Para quién la muerte es útil, de
    Enrique Ubieta, y Cuba no acepta presiones ni chantajes, de Alberto
    Núñez Betancourt, trasmiten con nitidez la racionalidad del poder. Ambos
    definen a Zapata y a Fariñas como delincuentes —el sociólogo argentino
    Atilio Borón (Página 12, 1/3/10) hizo su contribución desempolvando la
    teoría estalinista del "lumpen proletariado" como base social de la
    "contrarrevolución"— con el propósito de justificar el no reconocimiento
    de Zapata como político y de Fariñas como opositor pacífico.

    Sin , ni Ubieta, ni Núñez, ni Borón pueden prescindir de los
    calificativos de "contrarrevolucionarios" y "mercenarios", términos con
    que la retórica oficial designa a los disidentes. De manera que, en
    buena lógica, si Zapata y Fariñas son "contrarrevolucionarios" y
    "mercenarios" entonces no son delincuentes o lumpens sino activistas de
    la ampliación de los derechos civiles y políticos en Cuba. El primero,
    desde su celda; el segundo, desde su casa. Es decir, sin "daños a
    terceros", como establecería cualquier Estado de derecho.

    La trayectoria de esos disidentes es conocida y perfectamente
    documentable a partir del propio expediente oficial, donde consta que
    ambos fueron procesados de acuerdo con la de 1999, plataforma
    jurídica de la represión de opositores en Cuba. Pero aún en caso de que
    esa disidencia no fuese documentable, las huelgas de hambre con que
    ambos arriesgaron sus vidas sólo pueden ser definidas como acciones
    políticas pacíficas. En la reacción oficial ante las mismas se condensa
    el totalitarismo cubano.

    Granma asegura que el gobierno no puede alimentar por la fuerza a los
    huelguistas y que sólo le resta actuar cuando llegan desahuciados al
    . Ese razonamiento es correcto, en parte, y corresponde al
    acuerdo tercero de la Declaración de Malta (1991), suscrita por la
    Asociación Médica Mundial, para el tratamiento de huelgas de hambre en
    cautiverio o en . Pero los restantes veinte acuerdos de la misma
    Declaración no se cumplieron en Cuba en la asistencia médica
    penitenciaria de Zapata ni en la asistencia de pública a Fariñas,
    ya que ambos fueron tratados como enemigos, no como ciudadanos con
    plenos derechos.

    La Declaración de Malta recomienda la generación de "confianza" entre
    los huelguistas y las instituciones médicas y políticas. Las autoridades
    de la Isla hacen justo lo contrario: atizan la desconfianza.

    El mismo gobierno que niega a los opositores toda autonomía
    —presentándolos histéricamente como ventrílocuos del "imperio"— decide
    respetar la voluntad del cuando éste pone en riesgo su vida.
    En ese momento sí son personas, aunque la mera expresión de un deseo de
    cambio político los convierta, a los ojos del poder, en vulgares
    marionetas del "imperio". De manera que, para ajustarse al formato
    establecido por la comunidad médica mundial en la relación de gobiernos
    con huelguistas de hambre, el régimen cubano tendría, primero, que
    democratizarse. Algo que, como sabemos, no está en los planes.

    Todos los gobiernos que se han enfrentado a huelgas de hambre —Londres
    frente a Gandhi o los republicanos irlandeses; Washington frente a César
    Chávez; París frente a los campesinos de Larzac; el dictador Hugo Banzer
    frente a las madres de los mineros bolivianos— alimentaran o no, por la
    fuerza, a los huelguistas, fueran estos pacíficos o violentos, nunca
    descartaron por principio la negociación, palabra maldita en la jerga
    fidelista.

    Lo que distingue el comportamiento del gobierno de Fidel y Raúl Castro
    es la ausencia de normas básicas para la negociación con opositores.
    Estos, según el régimen, son agentes del "imperio", por lo que si de
    negociar se trata, mejor hacerlo con el imperio mismo, realizando, de
    paso, la fantasía totalitaria de un gobierno sin opositores.

    Luego de la criminalización y la deslegitimación del opositor —en eso el
    socialismo recoge el legado de la Capitanía General y de las dictaduras
    de Gerardo Machado y Fulgencio Batista— al gobierno cubano le queda un
    último recurso para justificar la represión: el inventario de abusos que
    se cometen —o se han cometido— en todas las cárceles del mundo, desde
    Abu Ghraib, Bagram y Guantánamo hasta los centros de detención de
    inmigrantes en Europa. Si el inventario se agota, entonces se puede
    echar mano de las demandas que el gobierno cubano le hace todos los días
    a , no en la mesa de negociaciones, sino en su "campaña
    mediática": fin del "bloqueo", liberación de los "cinco héroes", cierre
    de Guantánamo.

    Claro que es cierto que en todos los países del mundo, incluyendo
    Estados Unidos, se violan los derechos humanos. Pero justificar los
    males de una nación con los males del planeta sólo tiene un nombre:
    impunidad. La doctrina de la impunidad ha sido siempre la misma, en
    dictaduras de derecha o izquierda, en guerra o en democracia, en el
    terrorismo o en el narcotráfico: tratar al opositor como enemigo,
    despojarlo de toda humanidad y transferir la responsabilidad del Estado
    a una amenaza externa.

    La doctrina de la impunidad (12 March 2010)
    http://www.diariodecuba.net/opinion/58-opinion/682-la-doctrina-de-la-impunidad.html

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