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    Conferencia Internacional de la OIT analizará la situación de los trabajadores en Cuba

    Conferencia Internacional de la OIT analizará la situación de los

    trabajadores en Cuba

    DDC | Madrid | 20 Mar 2013 – 6:07 pm.

    El monopolio de la CTC, la falta de libertades como el derecho a huelga,

    la discriminación por motivos políticos y las presiones sobre los

    cuentapropistas son algunos de los puntos.

    El monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC,

    controlada por el Gobierno), la falta de libertades como el derecho a

    huelga, la discriminación y la represión por motivos políticos, son

    algunos de los puntos recogidos en el informe sobre la Isla que la

    Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

    (CEACR) presentará a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio

    próximo.

    La CEACR, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha tenido

    en cuenta en su informe los reportes de la Coalición de Sindicatos

    Independientes de Cuba (CSIC), a la cual el régimen cubano no reconoce,

    comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la

    Organización Internacional de Empleadores (OIE), entre otras entidades,

    y las respuestas del Gobierno cubano.

    Muchos de los señalamientos está incluidos en informes anteriores sobre

    la Isla, sin que La Habana haya realizado los cambios en la legislación

    solicitados por la OIT.

    En el documento, del cual el Grupo Internacional para la Responsabilidad

    Social Corporativa en Cuba (GIRSC) ha publicado un extracto, la Comisión

    de Expertos indica que pidió al Gobierno cubano copias de sentencias

    contra sindicalistas independientes condenados en la Isla. Asimismo,

    explicaciones sobre la percusión, amenazas de prisión y confiscación de

    ayuda humanitaria enviada desde el exterior a miembros de organizaciones

    sindicales opositoras.

    El Gobierno respondió —señala la CEACR— negando haber "enjuiciado o

    sancionado" a sindicalistas "por el ejercicio o la defensa de derechos

    sindicales".

    La Habana dijo que "a todos les fue probada —en un proceso con todas las

    garantías procesales— su responsabilidad en acciones que se tipifican

    como delitos directamente dirigidos a lesionar la soberanía de la

    nación", entre otros argumentos que suele usar habitualmente el régimen

    contra los opositores encarcelados.

    El monopolio de la CTC

    Otro de los puntos recogidos en el informe de la CEACR es el monopolio

    sindical de la CTC, entidad que defiende los intereses del Gobierno,

    principal empleador en la Isla.

    La Habana rechaza en su respuesta ese señalamiento, afirma que los

    trabajadores no necesitan "autorización previa de ninguna índole, ni

    estatal ni empresarial" para constituir organizaciones sindicales;

    asegura que existen "más de 110 000 organizaciones sindicales de base

    (…) desde la empresa, sector o rama de actividad hasta las instancias de

    estructura nacionales", y dice que "la en el movimiento

    sindical cubano se expresa en términos de unidad, decidida por los

    propios trabajadores (…) con absoluta libertad de expresión y de opinión".

    No aclara que todas las organizaciones sindicales de la Isla forman

    parte de la CTC. Por el contrario, afirma que "los trabajadores cubanos

    tienen el derecho de afiliarse libremente y de constituir organizaciones

    sindicales, sin necesidad de autorización".

    La Comisión de Expertos de la OIT recuerda en este punto "que el

    pluralismo sindical debe ser posible en todos los casos y que las

    legislaciones nacionales podrían institucionalizar un monopolio de hecho

    si se refieren únicamente a una central sindical específica", como es el

    caso de la CTC.

    Los trabajadores deben tener "libertad de constituir, si así lo desean,

    sindicatos al margen de la estructura establecida y de afiliarse a la

    organización de su elección", advierte.

    Derecho a huelga

    En otra parte de su informe, la CEACR critica la "falta de

    reconocimiento del derecho de huelga en la legislación y la prohibición

    en la práctica de su ejercicio" en Cuba, una crítica constante al

    Gobierno de la Isla.

    En su respuesta, La Habana afirma que "la legislación vigente no incluye

    prohibición alguna del derecho de huelga, ni las leyes penales

    establecen sanción alguna por el ejercicio de tales derechos".

    "Si alguna vez los trabajadores cubanos decidieran recurrir a la huelga,

    nada podría impedirles su ejercicio", dice el régimen, que se asegura la

    inexistencia de estos eventos a través de la CTC, las presiones del

    Partido Comunista y la consideración de "contrarrevolucionarios",

    "saboteadores", etc., a quienes los inician.

    La Comisión insiste en su informe en que la legislación cubana "debería

    reconocer expresamente el derecho a huelga", a efectos de "salvaguardar

    la seguridad jurídica de los trabajadores que deciden recurrir" a ella.

    Discriminación y represión por motivos políticos

    La CEACR reitera también su preocupación por la discriminación de

    trabajadores "por motivo de opinión política", y especialmente por el

    encarcelamiento de periodistas independientes.

    En su línea habitual, el Gobierno que controla toda la prensa de la Isla

    e impide la existencia de medios independientes, niega "que existan

    ciudadanos detenidos y procesados por el ejercicio de sus funciones como

    periodistas, y señala que las personas a las que se ha estado refiriendo

    la Comisión de Expertos persiguen destruir el orden constitucional y no

    tienen vínculo laboral con el sector periodístico (oficial) en el país".

    También dice que "no se ha sancionado a nadie como consecuencia del

    ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y que el ejercicio de

    una profesión no constituye delito por el que se pueda imponer una

    sanción penal".

    Por lo general, el régimen utiliza contra los disidentes y periodistas

    independientes que quiere enviar a prisión cargos por delitos comunes

    como "desorden público", "alteración del orden" o " social

    predelictiva".

    El periodista independiente Calixto Martínez Arias, detenido en

    septiembre de 2012 y considerado prisionero de conciencia por Amnistía

    Internacional, está acusado de "desacato".

    Martínez, actualmente en huelga de hambre, fue el periodista que

    destapó, en el verano del año pasado, la existencia de una epidemia de

    cólera en el oriente de la Isla.

    En el informe, la Comisión de Expertos de la OIT señala que "proteger a

    los individuos, en el marco del empleo y la ocupación contra la

    discriminación fundada en la opinión política, implica reconocer esta

    protección en relación con las actividades que expresen o manifiesten

    oposición a los principios políticos establecidos, aun cuando ciertas

    doctrinas persigan el logro de cambios fundamentales en las

    instituciones del Estado".

    Pide al Gobierno que informe "si existen personas detenidas, procesadas

    o acusadas de otros cargos que hayan alegado ser periodista" y que tome

    "las medidas necesarias para garantizar que los periodistas

    independientes y todos aquellos trabajadores que expresan opiniones

    políticas contrarias al Gobierno gozan de protección en caso de

    discriminación por este motivo".

    La Comisión recoge además quejas de la Coalición de Sindicatos

    Independientes de Cuba (CSIC)"sobre discriminación por motivos de

    religión y opinión política" que afecta a trabajadores y estudiantes

    universitarios "en el marco de un mercado laboral monopolizado por el

    Estado".

    Advierte que esa discriminación "se instrumenta por medio de expedientes

    laborales detallados y vitalicios que contienen informaciones políticas

    y religiosas de los trabajadores y sus familiares".

    El Gobierno, que suele expulsar a trabajadores y estudiantes

    universitarios opositores y cuestiona la "confiabilidad" para

    determinados puestos de quienes critican la línea oficial, afirma al

    respecto que "nadie es discriminado por motivo de su opinión política" y

    que disposiciones constitucionales y legales "prohíben la

    discriminación, y establecen el derecho a la educación".

    Niega que el expediente laboral sea "utilizado con fines

    discriminatorios" y que contenga "informaciones sobre las inclinaciones

    políticas y religiosas del trabajador y sus familiares".

    Presiones sobre los trabajadores por cuenta propia

    La CEACR dedica una parte del documento a las presiones sobre los

    trabajadores por cuenta propia, denunciadas por la CSIC.

    La Coalición advierte que la inspección del trabajo de los

    cuentapropistas "es más un mecanismo de control social, de intimidación

    y de presión que un mecanismo de protección de los trabajadores", y "no

    es independiente frente a las presiones políticas" del Partido

    Comunista, del Gobierno y la CTC.

    Considera que los inspectores del trabajo "se han convertido en enemigos

    de los trabajadores independientes, implantando un sistema de multas

    desproporcionadas que con frecuencia dan lugar a abusos que representan

    una amenaza para la existencia y la extensión del trabajo independiente".

    El Gobierno, que no reconoce la validez de la CSIC como organización de

    defensa de los trabajadores cubanos, rechaza las críticas, afirma que

    trabajadores independientes "no están sujetos a este mecanismo de

    inspección y que los encargados de hacer respetar las disposiciones

    relativas (…) a las normas sanitarias, de gestión, de , etc.,

    son las estructuras de los gobiernos locales".

    Los trabajadores por cuenta propia se quejan con frecuencia de abusos de

    los inspectores del Gobierno, que incluso piden sobornos a cambio de una

    evaluación favorable.

    La Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra entre el 5 y el

    20 de junio en Ginebra, es con frecuencia denominada "el parlamento del

    trabajo". Dicta las políticas generales de la OIT, establece y adopta

    normas internacionales del trabajo y es un foro para la discusión de

    cuestiones sociales y laborales fundamentales.

    http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1363799220_2019.html

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