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    La lucha por los derechos humanos

    La lucha por los derechos humanos
    PABLO DÍAZ ESPÍ | Oslo | 26 Mayo 2015 – 8:31 am.

    La abogada venezolana Tamara Sujú cuenta su experiencia como defensora
    de los represaliados por el gobierno de Nicolás Maduro.

    El día en que la citaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia
    Nacional (SEBIN), la abogada venezolana Tamara Sujú valoró por primera
    vez la idea de exilarse. No quería ir presa en un país donde “no existe
    el Estado de derecho, donde la justicia está secuestrada por el poder
    ejecutivo”.

    Sujú ya había recibido varias acusaciones, incluso desde la propia
    Asamblea Nacional. En 2010, tras la huelga de estudiantes ante la sede
    de la Organización de Estados Americanos (OEA), Maduro la llamó
    “conspiradora”.

    A la sede del temible SEBIN fue por dos razones. Porque no tenía nada
    que esconder, y porque quería saber de qué era ella testigo —bajo esa
    forma legal la habían citado.

    Por esos días, las acusaciones más comunes a miembros de la oposición
    eran tres: magnicidio, conspiración y desestabilización. “En mi
    expediente éramos más o menos 30. Yo fui la sexta, y fui a averiguar”.

    En el SEBIN, Sujú se enfrentó a un interrogatorio. Se le preguntó si
    conocía o había tenido reuniones con una serie de personas acusadas
    durante semanas de conspiración, gente como el dueño del periódico El
    Nacional; o Rodrigo Diamanti, líder de la organización Un Mundo sin
    Mordaza [Diamanti no puede salir del país en la actualidad]; o el
    conocido opositor Gustavo Tovar.

    La verdadera razón de la cita fue el activismo de Sujú como miembro del
    Foro Penal Venezolano, una organización de 200 abogados penalistas y más
    de 1.500 activistas, dedicada a la defensa pro bono de manifestantes y
    víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

    El crimen del Foro era el haberse hecho cargo de la defensa de la
    mayoría de los 3.725 detenidos [a día de hoy] en las manifestaciones
    contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que sacudieron el país entre
    febrero y julio de 2014.

    “2.020 de esas personas fueron presentadas a los tribunales y acusadas.
    Hoy sufren medidas cautelares mientras esperan por sus procesos. No
    pueden hablar de sus casos, no pueden manifestarse, y muchos no pueden
    salir del país. Es decir, no son presos políticos, pero no gozan de
    libertad”, argumenta Sujú. “Todas estas personas se hallan en un limbo
    legal.”

    Otros 633 venezolanos fueron apresados y liberados en 48 horas, el
    máximo permitido por la ley, sin que se les acusara de nada en los
    tribunales.

    Desde el comienzo de las protestas contra el Gobierno, Sujú identifica
    tres patrones de detención en Venezuela. De febrero a abril de 2014,
    estas fueron masivas. Entre 70 y 80 manifestantes eran arrestados cada
    noche. Se les mantenía incomunicados las rigurosas 48 horas, y a muchos
    los subían a los tribunales a partir de las 10 de la noche.

    Los abogados del Foro Penal Venezolano tenían entonces diez minutos para
    revisar los expedientes, ver de qué se acusaba a los detenidos, si
    habían sido golpeados, maltratados.

    Durante este lapso de tiempo, el SEBIN, la Guardia Nacional, la Policía
    Científica o la Policía Nacional Bolivariana (PNB), responsables de las
    detenciones, se mantenían presentes. “Era una estrategia de
    amedrentamiento en contra de la víctima”, explica Sujú. “Los detenidos
    tenían que declarar ante los mismos represores que los habían golpeado y
    vejado. A pesar de eso, todos denunciaron los hechos”.

    Seguidamente, las audiencias de presentaciones duraban hasta a las cinco
    o las seis de la mañana. Más de una vez, Sujú y los abogados del Foro
    Penal debieron salir a esas horas, desayunar unas arepas y volver a los
    tribunales.

    Represión y política

    Ya en 2012, el señor Rodríguez Torres, ministro de Interior y Justicia
    del Gobierno bolivariano, exdirector del SEBIN y arquitecto de la actual
    estructura represiva, había hecho de Sujú el blanco de sus acusaciones,
    incluso televisivas. El mismo método es empleado, en la actualidad, por
    el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y segundo
    del Gobierno de Nicolás Maduro, contra el director ejecutivo del Foro
    Penal, el abogado Alfredo Romero.

    Para Tamara Sujú, en la Venezuela de Maduro, las ONG que se dedican a
    defender a los presos políticos han pasado a ser víctimas directas de la
    represión.

    A las detenciones masivas de los primeros meses de manifestaciones,
    siguieron las que Sujú califica de “detenciones con allanamiento
    arbitrario”.

    “Si un vecino le abría la puerta de su casa a un manifestante, para
    protegerlo, la policía iba y tiraba la puerta abajo. Sin orden de
    allanamiento.”

    Marcelo Crovato, abogado del Foro Penal, fue una de las víctimas de esta
    nueva fase. Crovato estuvo presente en uno de los allanamientos. Y
    también fue detenido. En prisión entre abril de 2014 y abril de 2015,
    intentó suicidarse el pasado noviembre.

    Ahora bien, ninguno de estos procesos judiciales, salvo dos, ha
    avanzado. Ni siquiera han tenido lugar las audiencias preliminares, que
    deben hacerse tras un máximo de 40 días tras la detención.

    Los únicos dos juicios que avanzan, a toda velocidad, son los de los
    líderes políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, ambos opositores al
    gobierno de Maduro. López es el director nacional del Partido Voluntad
    Popular, inscrito en la Internacional Socialista; Ceballos el alcalde
    del municipio San Cristóbal, en el Estado de Táchira, donde las
    manifestaciones fueron más fuertes.

    ¿Por qué acelerar estos juicios?

    “Pretenden inhabilitarlos”, dice Sujú. “Tendrá que haber elecciones
    legislativas en poco tiempo [la definición de una fecha electoral es una
    de las exigencias de López, quien ha comenzado una huelga de hambre en
    prisión]. Si los eligieran, tendrían inmunidad parlamentaria. En cambio
    si son condenados antes de las elecciones, no. El propósito del Gobierno
    es sentenciarlos antes de que salgan electos.”

    En una vuelta de tuerca de la represión, tras las detenciones con
    allanamientos arbitrarios, se sucedieron las selectivas. “Fue lo que le
    hicieron a Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas”, dice
    Sujú. “A los elegidos van y los buscan en sus casas, incluso antes de
    las manifestaciones.”

    A ojos de la abogada, algo aún más terrible está sucediendo. A mucha
    gente la tienen fichada y amedrentada. Las fuerzas represivas van a sus
    casas y los amenazan con represalias a sus familias. “Sabemos dónde
    estudias”, cuenta Sujú que les dicen. “Sabemos dónde está tu mamá y tu
    papá, quédate tranquilo, deja ese tema de los derechos humanos.”

    El resultado es claro: si bien en 2014 todos los detenidos tras las
    manifestaciones declararon las atrocidades de las que habían sido
    víctimas, ahora ninguno quiere hablar del tema.

    El objetivo es tener a la gente silenciada: “No están presos, no son
    presos políticos, pero no hablan, no tienen derechos, no se manifiestan.
    Están presos sin estar en la cárcel”, dice Sujú.

    Represión y estado de derecho

    Para Tamara Sujú, la situación se ha radicalizado. El Gobierno ya
    detiene a gente incluso en las infinitas colas frente a los
    supermercados. “Si te quejas, te detienen”. Los reporteros que mencionen
    las colas y la escasez también son detenidos. No se puede tirar fotos.

    En enero, el presidente Nicolás Maduro autorizó el uso de armas letales
    con el fin de “mantener y asegurar la estabilidad, la ley, el orden
    dentro del territorio nacional y evitar desórdenes”.

    Poco después, el joven Kluivert Roa fue asesinado de un tiro en la
    cabeza, ultimado por un represor. No fue el único. En apenas una semana,
    seis jóvenes más, todos menores de 20 años, aparecieron ejecutados de la
    misma forma. Según Sujú, “los organismos de la Seguridad del Estado no
    han evitado no disparar. Tiran perdigones a las piernas para que los
    manifestantes no puedan correr, para detenerlos.”

    La represión, la violencia social permitida y alentada por el Gobierno
    —un venezolano es víctima del hampa cada hora, y el 97% de los delitos
    quedan impunes—, el hambre y las escasez, tienen a los venezolanos
    atados de manos.

    “Solo un lado está armado”, denuncia Sujú. “El Gobierno y los malandros”.

    Poco después de la citación en el SEBIN, y a instancias de su familia,
    la abogada Tamara Sujú solicitó asilo en la República Checa. En Praga,
    el expresidente Vaclav Havel siempre le había ofrecido su apoyo.

    Ahora, como directora ejecutiva del Instituto Casla, dedicado al estudio
    de la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica, Sujú tiene la
    oportunidad de ayudar a quienes están siendo víctimas de violaciones no
    solo en Venezuela, sino también en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba.

    En su opinión, la solución de la situación en Venezuela pasa por una
    transición a la democracia, un paso que devuelva el Estado de derecho,
    “donde nos encontremos todos los ciudadanos en el marco de la
    Constitución y los valores democráticos. Pero para esto, siempre es
    importante que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean
    resarcidas, que se haga justicia”.

    Source: La lucha por los derechos humanos | Diario de Cuba –
    http://www.diariodecuba.com/internacional/1432625514_14791.html

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