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    Una batalla contra la (in)justicia castrista

    Una batalla contra la (in)justicia castrista
    WALDO FERNÁNDEZ CUENCA | La Habana | 6 Nov 2015 – 9:54 am.

    El abogado Julio Ferrer Tamayo ha demostrado ante los tribunales la
    falsedad de la acusación y el reiterado mal proceder de la instrucción,
    la Fiscalía y los jueces en el proceso contra su esposa. Ella sigue
    presa y él ha sido encarcelado.

    “Nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles
    condiciones; nunca contra un acusado se habían cometido tal cúmulo de
    irregularidades.” Muchos cubanos enseguida identifican al autor de esta
    frase: es Fidel Castro y son las palabras iniciales de su famoso alegato
    de autodefensa conocido como La Historia me absolverá. Pero resulta que
    esta misma aseveración podrían repetirla decenas de abogados y miles de
    acusados en la Cuba actual, donde el sistema judicial carece de la más
    mínima independencia y las autoridades gozan de total impunidad y violan
    reiteradamente la ley.

    Por ello Marienys Pavó Oñate lleva más de tres años en el
    establecimiento penitenciario “Mujeres de La Habana”, en las afueras de
    la capital, totalmente indocumentada por un supuesto delito de estafa, a
    pesar de que su esposo, el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, ha
    demostrado ante los tribunales la falsedad de la acusación y el
    reiterado mal proceder de la instrucción, la Fiscalía y los jueces.

    Esta gran injusticia no podría comprenderse sin conocer la historia
    profesional de Julio Ferrer, graduado en Derecho en 1985, y quien por
    varios años fue uno de los pocos abogados de la Organización Nacional
    de Bufetes Colectivos, que asumió la defensa de prostitutas y de
    ciudadanos cubanos acusados de tráfico de drogas. En muchos de estos
    casos, Ferrer Tamayo logró rebajar penas y demostrar las violaciones e
    irregularidades que cometían las autoridades con varios de los
    procesados. Era un abogado que no se ajustaba a la línea oficialista de
    la organización y, para quitárselo de encima, lo expulsan de Bufetes
    Colectivosmediante un documento falso, en el año 2005. Tiempo después
    este abogado santiaguero se vincula a la Asociación Jurídica Cubana, y
    en la actualidad Julio Ferrer trabaja en el centro de información legal
    Cubalex.

    Para sus verdugos este jurista es un verdadero dolor de cabeza, y por
    eso decidieron ejecutar la vendetta: en junio de 2012 encarcelan a su
    esposa, quien trabajaba en la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro
    y era miembro de la Asociación Jurídica Cubana. Como no existen pruebas
    del supuesto delito de estafa, el órgano de instrucción del municipio
    Playa utiliza un documento falso para justificar la detención. A partir
    de ese momento la batalla entre Ferrer Tamayo y los tribunales cubanos
    ha sido intensa y desgastante.

    Reclamaciones que van y vienen

    Con su esposa en prisión de manera arbitraria, Julio presenta una
    denuncia contra la instructora del caso por “falsificación de
    documentos” y la Fiscalía Militar comprueba la veracidad de la denuncia
    y le otorga la razón a Julio, o sea queda demostrado que la acusación
    carece de fundamento, pero a la instructora solo le aplican una leve
    medida disciplinaria. Ferrer Tamayo entonces reclama ante la Fiscalía
    General y el Fiscal Provincial de La Habana; este último en audiencia
    privada con Julio reconoce las irregularidades cometidas contra su
    esposa y le dice que se tomarán medidas, pero nada sucede. Entonces
    decide presentar una demanda por “daños, perjuicios y actos ilícitos”
    contra el Fiscal Provincial y la instructora del caso de Marienys Pavó,
    demanda que después de una lucha intensa es aceptada por el Tribunal
    Provincial de La Habana. El proceso judicial se demora porque los
    papeles “misteriosamente” se pierden, y Julio debe volver a presentar
    todos los documentos. Al final, la demanda no prospera porque el Fiscal
    General, general de brigada Darío Delgado Cura, dice que no es
    competencia del tribunal juzgar el caso y se anula todo el proceso.

    No conforme con esta decisión, Julio presenta un recurso de casación
    ante el Tribunal Supremo Popular, el cual le da la razón al decir que
    ciertamente los funcionarios demandados cometieron actos ilícitos pero,
    al encontrarse su esposa en medio del proceso penal, debía esperar a que
    este culminara para que la demanda se hiciera efectiva. El proceso penal
    se activa y Julio amparándose en el Decreto-Ley 81 de 1984 decide asumir
    la defensa de su esposa. Entonces el Tribunal le pone otra zancadilla,
    al impedírselo con el argumento de que no estaba capacitado por
    “pertenecer a una organización ilegal: la Asociación Jurídica Cubana,
    constituida contra los fines del Estado y la Revolución”.

    A Marienys Pavó le nombran un abogado de oficio y por fin le celebran el
    juicio el 28 de julio de 2014 a puertas cerradas. Su esposo logra entrar
    a la sala donde se celebra la vista y le dice a la Presidenta de la Sala
    que allí se han presentado documentos falsos y se han violado varios
    derechos de la acusada. Julio es expulsado y no puede ver el final, el
    cual es predecible de antemano: el Tribunal, contrariamente a lo que
    había señalado la Fiscalía Militar sobre la falsedad de los documentos
    acusatorios contra Marienys, dice que estos son legítimos y le imponen
    una sentencia de nueve años de privación de libertad.

    Después del fallo, el abogado de oficio le dice a Julio que ellos tienen
    toda la razón pero que no seguirá el caso. Sin embargo, él no se
    desanima e intenta nuevamente asumir legalmente la defensa de su esposa,
    aunque el Tribunal, en abierta violación de la ley, se lo vuelve a impedir.

    Julio entonces presenta un recurso de casación para obtener la anulación
    de la sentencia y la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial no
    eleva este recurso, en abierta violación del artículo 72 de la propia
    ley penal cubana. Pasan unos largos cinco meses y Julio no ceja,
    presenta un procedimiento de habeas corpus ante la Sala de los Delitos
    contra la Seguridad del Tribunal Supremo. La respuesta del Tribunal es
    que este procedimiento no es posible porque su mujer solo llevaba seis
    meses en prisión provisional, cuando en realidad llevaba más de dos
    años. Incluso Julio se entera de que el Presidente del Tribunal
    Provincial, a sus espaldas, había dado la orden a la jefatura de la
    prisión de impedirle a Marienys cualquier contacto con su esposo en
    calidad de abogado.

    Julio vuelve a la carga y presenta además una demanda contra los jueces
    de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Tribunal Supremo,
    donde expone que se han cometido arbitrariedades, que la sentencia
    contra su esposa es falsa e ilegal y los acusa de “prevaricación”, un
    delito contemplado en el Código Penal cubano y que consiste en que un
    juez emite una sentencia contraria a la ley con la intención de
    perjudicar a una persona. La respuesta de los jueces es amenazante: le
    dicen que nada pueden resolver y que en su denuncia hay términos
    “ofensivos”, lo cual pudiera interpretarse como “desacato”. Dicha
    respuesta será retomada luego para impedirle a Julio que pueda bajo
    ninguna circunstancia defender a Marienys Pavó, su esposa.

    Encarcelado por buscar justicia

    El 20 de febrero de este año, cuando este jurista se persona en el
    Tribunal Provincial de La Habana, Sala Segunda de lo Penal, para que le
    den copia de la sentencia de su esposa debidamente certificada, es
    ilegalmente detenido y lo meten en un calabozo, lo trasladan
    primeramente al VIVAC de Calabazar y luego a la prisión de Vallegrande.
    Como hay que justificar de alguna manera su detención, activan la
    acusación de “desacato” insinuada por los jueces del Tribunal Supremo y,
    de una manera arbitraria, a Julio lo condenan a seis meses de privación
    de libertad, los cuales cumplió íntegramente.

    Pero no conformes con esta sanción, en la actualidad la Seguridad del
    Estado busca por todos los medios inventarle algún delito a este
    inclaudicable abogado y ahora intentan encausarlo por “falsificación de
    documentos públicos”, arguyendo que la propiedad de su casa no es
    legítima por unas supuestas irregularidades en el proceso de adquisición
    de la vivienda. Julio en esta situación ha intentado hacer lo mismo que
    Fidel Castro hace más de medio siglo: autodefenderse, pero aunque la ley
    cubana reconoce este derecho los jueces se lo niegan, ya que como
    sanción accesoria a la sanción principal por el delito de “desacato”
    también le impusieron la imposibilidad de ejercer su profesión por
    cuatro años.

    Al momento de escribir estas líneas Marienys aún permanece en prisión
    provisional y sin documentos, no disfruta de ninguno de los derechos que
    le corresponden a los reclusos y, para mayor oprobio, se le impidió ver
    a su madre antes de morir, la cual falleció encontrándose en prisión.
    Ella, según Julio, está valorando la posibilidad de declararse en
    huelga de hambre si su situación no se define pronto.

    El caso de Marienys Pavó Oñate y Julio Ferrer demuestra que el debido
    proceso penal en Cuba se viola de manera flagrante y sistemática cuando
    la Seguridad del Estado interviene y presiona a jueces y fiscales.
    Desmiente también las afirmaciones hechas a Juventud Rebelde el 20 de
    junio de este año por la jueza del Tribunal Supremo Marily Rafaela
    Fuentes Águila de que “el sistema procesal cubano figura entre los más
    modernos del mundo contemporáneo” o el de la fiscal Alina Montesino Li,
    quien expresó que Cuba tiene un sistema procesal “digno de elogio en
    relación con el mundo”.

    Ante tanta afrenta es inevitable preguntarle a Julio si ha sentido miedo
    en algún momento. Su rostro, ante esta pregunta, apenas se inmuta: “En
    un principio nunca lo sentí, pero, a medida que ha pasado el tiempo, he
    pensado que en algún momento ‘casualmente’ un carro me puede atropellar
    o alguien puede darme una tunda de golpes a traición. Estando en prisión
    también tuve el temor de que algo me sucediera. Es una posibilidad que
    no descarto. Pero mi lucha es hasta el final, hasta que mi esposa esté
    en libertad y todos estos procesos en mi contra se anulen, porque no se
    ajustan a las normas del debido proceso”.

    Source: Una batalla contra la (in)justicia castrista | Diario de Cuba –
    www.diariodecuba.com/cuba/1446763672_17943.html

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