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    Cuba viola Convención contra la tortura

    Cuba viola Convención contra la tortura
    Marlene Azor Hernández

    El 28 de octubre, Cuba aspira a reelegirse para el Consejo de Derechos
    Humanos de la ONU. Sin embargo, el gobierno cubano no ha ratificado los
    Pactos de Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, civiles y
    políticos que firmó en el 2008.

    El gobierno cubano ha ratificado varias convenciones relativas a la
    protección de los niños, contra la discriminación racial, en favor de
    proteger a los discapacitados y sobre los derechos femeninos. También se
    adhirió y ratificó el Convenio contra la tortura de Naciones Unidas
    desde mayo de 1995.

    El Comité de la ONU, encargado de verificar el cumplimiento de la
    Convención contra la tortura y proponer las sugerencias para la
    aplicación de los artículos de la Convención, resaltó una serie de
    incumplimientos en junio del 2012. Aun hoy, los activistas de Derechos
    Humanos en Cuba reportan las mismas arbitrariedades señaladas en este
    informe.

    No existen garantías procesales para los ciudadanos cubanos al no
    respetarse el habeas corpus: el necesario examen médico, el aviso a los
    familiares, y el acompañamiento de un abogado defensor desde el inicio
    del arresto. Tampoco se le dice al detenido sus derechos, las causas de
    su arresto, y no se le presenta inmediatamente ante un juez. Por otra
    parte, el detenido no cuenta con un mecanismo eficaz para impugnar la
    legalidad de su detención.

    El informe constata el hacinamiento en las cárceles, malnutrición, falta
    de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada a las que estaría
    expuesta la población reclusa. Se denuncia también limitaciones
    injustificadas a las visitas de familiares, traslados a centros
    penitenciarios alejados del entorno familiar y social del detenido,
    internamiento en celdas de aislamiento en condiciones degradantes y
    abusos físicos y verbales a los reclusos.

    Los arrestos arbitrarios, secuestros exprés de artistas, activistas de
    Derechos Humanos, periodistas independientes, y opositores han aumentado
    desde 2012. Hace cuatro años los arrestos arbitrarios fueron de 6,602;
    en el 2016 hasta septiembre, 8,805 arrestos en iguales condiciones de
    vulnerabilidad e indefensión jurídica y penal.

    No incluye el informe los allanamientos ilegales y violentos contra
    asociaciones de juristas y periodistas independientes, y activistas
    políticos. No existe orden legal para allanar las viviendas, se roba por
    las autoridades los instrumentos de trabajo, expedientes de clientes y
    bienes personales, sin posibilidad legal de recuperar esos “robos”,
    llevados a cabo por la policía y los órganos de la seguridad del Estado.

    Los casos recientes son el Centro Cubalex, el Centro Jurídico de Pinar
    del Río y la incautación en el aeropuerto de sus bienes al activista
    opositor Carlos Amel de la UNPACU, razón por la cual Amel inició una
    huelga de hambre de varias semanas.

    El gobierno cubano, en síntesis, no ha cambiado su legislación penal
    para incluir el delito de tortura en su código, no ha transformado las
    condiciones de arresto, ni en las condiciones en las cárceles. ¿Tiene
    derecho el gobierno cubano a reelegirse en el Consejo de Derechos
    Humanos de la ONU?

    * Académica de la UAM, autora del libro Discursos de la resistencia.

    marleneazor@hotmail.com

    Source: Cuba viola Convención contra la tortura :: Marlene Azor
    Hernández :: La Razón :: 26 de octubre de 2016 –
    www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=325884

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