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    Cuba viola la Convención contra la tortura

    Cuba viola la Convención contra la tortura
    El Comité de la ONU, encargado de verificar el cumplimiento de la
    Convención contra la tortura, resaltó una serie de incumplimientos por
    parte de Cuba en 2012, que siguen sin resolverse
    Marlene Azor Hernández, Ciudad de México | 28/10/2016 9:53 am

    El 28 del presente, Cuba aspira a reelegirse para el Consejo de Derechos
    Humanos de la ONU. Sin embargo, el Gobierno cubano no ha ratificado los
    Pactos de Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, civiles y
    políticos que firmó en 2008.
    El Gobierno cubano ha ratificado varias convenciones relativas a la
    protección de los niños, contra la discriminación racial, a favor de
    proteger a los discapacitados y sobre los derechos femeninos. En este
    orden también se adhirió y ratificó el Convenio contra la tortura de
    Naciones Unidas desde mayo de 1995.
    El Comité de la ONU, encargado de verificar el cumplimiento de la
    Convención contra la tortura y proponer las sugerencias para la
    aplicación de los artículos de la Convención, resaltó una serie de
    incumplimientos en junio de 2012[1]. Aun hoy, los activistas de Derechos
    Humanos en Cuba reportan las mismas arbitrariedades señaladas en ese
    informe.
    No existen garantías procesales para los ciudadanos cubanos al no
    respetarse el habeas corpus: el necesario examen médico, el aviso a los
    familiares, y el acompañamiento de un abogado defensor desde el inicio
    del arresto. Tampoco se le dice al detenido sus derechos, las causas de
    su arresto, y no se le presenta inmediatamente ante un juez. Por otra
    parte, el detenido no cuenta con un mecanismo eficaz para impugnar la
    legalidad de su detención.
    El informe constata el hacinamiento en las cárceles, malnutrición, falta
    de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada a las que estaría
    expuesta la población reclusa. Se denuncia también limitaciones
    injustificadas a las visitas de familiares, traslados a centros
    penitenciarios alejados del entorno familiar y social del detenido,
    internamiento en celdas de aislamiento en condiciones degradantes y
    abusos físicos y verbales a los reclusos.
    Los arrestos arbitrarios, secuestros exprés de artistas, activistas de
    derechos humanos, periodistas independientes, y opositores de todo signo
    político, han aumentado desde 2012-2016. En 2012 los arrestos
    arbitrarios fueron de 6.602; en 2016 hasta septiembre, 8.805 arrestos en
    iguales condiciones de vulnerabilidad e indefensión jurídica y penal[2].
    No incluye el informe los allanamientos ilegales y violentos contra
    asociaciones de juristas independientes, periodistas independientes y
    activistas políticos. No existe orden legal para allanar las viviendas,
    se roba por las autoridades los instrumentos de trabajo, expedientes de
    clientes y bienes personales, sin posibilidad legal de recuperar esos
    “robos”, llevados a cabo por la policía y los órganos de la seguridad
    del Estado.
    Los casos recientes son el Centro Cubalex, el Centro Jurídico de Pinar
    del Río y la incautación en el aeropuerto de sus bienes al activista
    opositor Carlos Amel de la UNPACU, razón por la cual Amel inicio una
    huelga de hambre de varias semanas.
    Por otra parte, el informe señala situaciones de detención preventiva
    prolongada y detención de carácter indefinido con base en lo dispuesto
    en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal cubano, que
    afectarían especialmente a personas privadas de libertad por motivos
    políticos. El Comité lamenta la falta de información relativa al número
    y situación de personas privadas de libertad acusadas de un delito
    contra la Seguridad del Estado, conforme al artículo 243 de la Ley de
    Procedimiento Penal. Por último, preocupa también al Comité la
    ambigüedad de la situación jurídica de los presos excarcelados bajo
    “licencia extrapenal”, así como las informaciones recibidas sobre
    restricciones arbitrarias de su libertad personal y de libre
    circulación. En particular, el Comité señala su preocupación por la
    situación de José Daniel Ferrer y Oscar Elías Biscet. Estas
    arbitrariedades se mantienen hoy.
    El Gobierno cubano, en síntesis, no ha cambiado su legislación penal
    para incluir el delito de tortura en su código, no ha transformado las
    prácticas de la policía, la seguridad del Estado y los tribunales en
    relación a las condiciones de arresto, ni en las condiciones en las
    cárceles. ¿Tiene derecho el Gobierno cubano a reelegirse en el Consejo
    de Derechos Humanos de la ONU?

    [1] Página web de la ONU, Consejo de Derechos Humanos, Cuba en
    www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CUIndex.aspx.
    Recomendaciones en Committee against Torture
    Concluding observations (2012) CAT/C/CUB/CO/2. Consultado el 26 de
    octubre de 2016.
    [2] Página web de la Comisión cubana de Derechos Humanos y
    Reconciliación Nacional, ilegal en Cuba. En
    ccdhrn.org/informes/informe-mensual-sobre-represion/

    Source: Cuba viola la Convención contra la tortura – Artículos – Opinión
    – Cuba Encuentro –
    www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/cuba-viola-la-convencion-contra-la-tortura-327400

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