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    Gobierno cubano – el violador premiado

    Gobierno cubano: el violador premiado
    Las leyes que tipificaban los “desórdenes públicos”, el “desacato”, la
    “falta de respeto”, la “peligrosidad” y la “agresión” se utilizan para
    procesar, o amenazar con procesar, por motivos políticos a opositores al
    Gobierno
    Redacción CE, Madrid | 29/10/2016 10:33 am

    El Gobierno de Cuba fue reelecto para un nuevo período como miembro del
    Consejo de Derechos Humanos durante la votación registrada el viernes en
    la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que sesiona en New York.
    El hecho es una nueva muestra de una situación que atañe solo a la Isla,
    y es la desvinculación entre la realidad de los países, las denuncias de
    los organismos no gubernamentales y los compromisos, alianzas —o
    componendas— entre Estados que se amparan mutuamente para garantizar al
    menos cierta impunidad en sus actos.
    Cuba competía por uno de los dos asientos vacantes en el grupo de
    América Latina y el El Caribe al que aspiraban también Brasil y Guatemala.
    La candidatura cubana obtuvo el respaldo de 160 de los 193 Estados
    miembros, mientras que la brasileña recibió 137 votos a favor y la
    guatemalteca se quedó en 82, informa Martínoticias.
    Para el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
    Reconciliación Nacional, la reeleción no tiene implicaciones “al
    interior de Cuba, donde el Gobierno actúa no solo al margen de las leyes
    internacionales sino nacionales”, agrega Martínoticias.
    El informe para Cuba 2015/2016 de Amnistía Internacional abunda
    información suficiente para que el gobierno de la Isla fuera excluido de
    dicho Consejo.
    A pesar de la creciente apertura de las relaciones diplomáticas,
    continuaban las fuertes restricciones de la libertad de expresión,
    asociación y circulación. Se tuvo noticia de miles de casos de
    hostigamiento y detenciones arbitrarias de personas críticas con el
    Gobierno, señala Amnistía Internacional.
    Al finalizar el año, Cuba no había ratificado el Pacto Internacional de
    Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos
    Económicos, Sociales y Culturales —ambos firmados en febrero de 2008—, y
    tampoco el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
    Las personas críticas con el Gobierno seguían siendo objeto de
    hostigamiento, “actos de repudio” (manifestaciones encabezadas por
    simpatizantes del Gobierno en las que participaban agentes de los
    servicios de seguridad del Estado) y procesamientos penales por motivos
    políticos. El sistema judicial seguía estando bajo control político.
    El Gobierno seguía controlando el acceso a Internet y bloqueaba y
    filtraba sitios web, limitando el acceso a la información y las críticas
    al Estado [CUBAENCUENTRO es un ejemplo de ello]. Según información
    facilitada por activistas, los teléfonos móviles no funcionaron durante
    la visita del Papa en septiembre.
    Seguían conociéndose casos de personas críticas con el Gobierno,
    incluidos periodistas y activistas de derechos humanos, que eran
    sometidas de forma habitual a arrestos arbitrarios y breves periodos de
    detención por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación,
    reunión y circulación.
    La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
    (CCDHRN) documentó durante el año más de 8.600 detenciones, por motivos
    políticos, de opositores y opositoras del gobierno y activistas, detalla
    Amnistía Internacional.
    Según Granma, el periódico oficial del Partido Comunista, antes de la
    visita del Papa Francisco en septiembre, las autoridades anunciaron que
    liberarían a 3.522 presos, entre ellos a las personas de más de 60 años,
    los presos menores de 20 sin antecedentes penales, los enfermos crónicos
    y los extranjeros cuyos países hubieran accedido a repatriarlos.
    Sin embargo, antes de la visita y en su transcurso, hubo activistas de
    derechos humanos y periodistas que denunciaron un aumento significativo
    de los arrestos y de los periodos breves de detención. Sólo en
    septiembre, la CCDHRN registró 882 detenciones arbitrarias, entre ellas
    las de tres activistas que al parecer se acercaron al Papa para hablar
    de temas relativos a los derechos humanos. Los tres se declararon en
    huelga de hambre mientras estuvieron bajo custodia.
    Las simpatizantes y las integrantes de las Damas de Blanco, un grupo de
    mujeres que pedía la liberación de presos políticos y un aumento de las
    libertades, eran arrestadas y detenidas con asiduidad durante periodos
    de hasta 30 horas, según la CCDHRN; lo mismo sucedía con los miembros de
    la Unión Patriótica de Cuba, un grupo disidente. La finalidad de estas
    detenciones era impedir a los activistas acudir a las marchas que
    llevaban a cabo los domingos y evitar que protestaran.
    El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la
    policía política detuvo a activistas, muchos de ellos en sus casas, para
    evitar que protestaran pacíficamente. También impidió a periodistas
    abandonar sus lugares de trabajo para informar sobre la noticia.
    En Cuba, las leyes que tipificaban los “desórdenes públicos”, el
    “desacato”, la “falta de respeto”, la “peligrosidad” y la “agresión” se
    utilizan sistemáticamente para procesar, o amenazar con procesar, por
    motivos políticos a opositores al Gobierno.

    Source: Gobierno cubano: el violador premiado – Noticias – Cuba – Cuba
    Encuentro –
    www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/gobierno-cubano-el-violador-premiado-327419

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